En las viviendas catalanas existen aún cerca de dos millones de toneladas de amianto. Está en algunas jardineras, en placas onduladas de uralita, en tuberías… Este material, cuyo uso está prohibido desde 2001, no es peligroso mientras esté en buen estado. Sólo cuando empieza a deteriorarse hay que retirarlo, porque puede resultar cancerígeno. La forma legal y más segura de hacerlo, a través de una empresa especializada, tiene un coste elevadísimo. Para evitar que muchos ciudadanos traten de deshacerse del material de manera clandestina, las administraciones catalanas han habilitado dos vertederos para particulares. ¿Es el mejor sistema? No se puede garantizar que el ciudadano cumpla las medidas de seguridad, reconocen los organismos implicados, que además informan erróneamente sobre el proceso menos peligroso.

Un particular tiene cinco placas de fibrocemento en su casa. Quiere deshacerse de ellas. Las carga en su propio coche. Si llama al 010, teléfono de atención al ciudadano, le dirán (o eso al menos fue lo que ocurrió en dos llamadas que hizo este periódico) que puede llevarlas a cualquier vertedero. Erróneo. Es un material tóxico que requiere espacios habilitados. Si el particular consigue un folleto del Área Metropolitana de Barcelona sobre la manipulación de amianto, pensará que puede llevarlas a los vertederos (también llamados puntos verdes) de Cerdanyola o Vall d’Hebron. Erróneo, porque cuando llegue, le dirán que cinco placas son demasiadas y le harán volver a su casa con ellas (residuo tóxico) en el coche y llamar a una empresa especializada en retirada de amianto. Solo si tiene una placa de menos de cinco kilos y llama a uno de los vertederos autorizados antes de ir para recoger el material de seguridad con el que envasar la pieza, evitará correr muchos riesgos y gastarse dinero.

«El del punto verde no es el sistema óptimo, es cierto. Pero había que hacer algo. Retirar un objeto con amianto, como una jardinera, cuesta un dineral. La gente no estaba dispuesta a pagarlo, así que lo abandonaba en la calle o lo mezclaba con otros escombros en el contenedor», explica Joan Miquel Trullols, director de servicios de prevención y gestión de residuos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Por eso la entidad del medio ambiente encargó a la empresa pública Tersa habilitar dos puntos verdes (pronto serán cuatro, con los de Gavà y Badalona) para que «solo los particulares puedan dejar restos pequeños».Manuel Arias, adjunto a la gerencia de Tersa, opina que, si se siguen las medidas de seguridad estipuladas, no existe riesgo. Añade que desconocía que en los vertederos existiera una cantidad límite para el ciudadano. «No debería. Si el ciudadano llega con amianto, deben admitírselo, sea lo que sea», dice. Las restricciones de cantidad y peso, explican varias fuentes relacionadas con el proyecto, responden en realidad a la necesidad de evitar que los empresarios «se cuelen» en el punto verde para ahorrar dinero que cuesta el vertedero industrial, en Anoia.

Trullols, por su parte, reconoce que «es necesario trabajar los sistemas de información», ya que «quizá fallan». Esos sistemas están basados en un folleto con información que se contradice con las indicaciones que dan en el vertedero y en los teléfonos 010 y 012. Para empezar, ¿qué se puede llevar al punto verde? Según el folleto oficial con el sello de la AMB, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, «jardineras, placas de uralita, depósitos…». Sin embargo, los operarios del vertedero informan, según comprobó este periódico, de que tienen indicaciones de admitir como máximo solo cinco kilos en una o dos piezas pequeñas por persona.

La Agencia Catalana de Residuos se desmarca del folleto informativo, que lleva su sello. «No lo hemos visto», dice una portavoz. Añade que comprende que el punto verde admita jardineras. Pero para las placas o depósitos, insiste en que llamar a una empresa es lo más seguro.

¿No es peligroso fomentar que los particulares manipulen amianto? «Más peligroso es que los ciudadanos lo machaquen y lo oculten», insiste Trullols. «Es cierto que el del punto verde no es el sistema ideal», explica Lara Trujillo, experta y colaboradora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. «Pero tampoco es lógico que en una fábrica trabajen operarios vestidos con trajes especiales para quitar una cubierta de amianto y tú puedas pasar por al lado con el niño. Todo tiene una cierta incongruencia con el amianto, pero se intenta crear sistemas que controlen el riesgo al máximo», explica. Trujillo participó en la elaboración, en 2001, de un informe donde se hace un recuento del amianto que se colocó en Cataluña: casi cinco millones de toneladas de placas y tubos. El sistema ideal consistiría en que, para las cantidades importantes, los ciudadanos llamaran a empresas especializadas, y para las pequeñas, operarios pagados por la Administración acudieran a casa a retirarlas con medidas de seguridad. En eso coinciden todos los expertos consultados. «Pero económicamente es un sistema inviable», señala Trullols.